Sáb. Jul 4th, 2020

Por: César Rodríguez

Este término popular, que establece una analogía entre el problema del goteo y las complicaciones que trae este tipo de crédito informal, ilustra como anillo al dedo el tema de los bonos de agua.
Entre 2009 y 2011 se negoció en la bolsa de valores de Colombia una nueva forma de titularización denominada ‘los bonos de agua’, con los que, al igual que sucede con muchos usuarios del ‘gota a gota’, los municipios accedieron a una modalidad de endeudamiento que, al no tener acceso a otra modalidad, se les presentó como una posibilidad de crédito ‘fácil’, y frente a la cual no contemplaron de manera responsable las implicaciones de pagar altos intereses, un 14 por ciento, por un largo periodo de tiempo, 19 años; comprometiendo en el caso de los municipios los recursos de alcaldías futuras, las cuales deberán afrontar además la restricción de no poder pagar la deuda de manera anticipada.
Casi una década después, no solo la mayoría de los municipios siguen con el mismo problema de falta de agua potable, sino que están endeudados y tienen que continuar pagando una deuda que, como toda deuda a largo plazo y con altos intereses, implica pagar varias veces la suma de dinero que se recibió en calidad de préstamo.
Para ilustrar lo anterior, voy a tomar algunos casos que aparecen en la entrada del 26 de septiembre del blog del Espectador escrito por Alberto Donadio, donde se presenta un listado con los 40 municipios considerados como críticos en relación con los bonos de agua. Allí aparecen datos que por desgracia son acordes al manejo que en Colombia se suele hacer de los recursos destinados a las obras públicas: San Jacinto del Cauca (Bolívar): crédito por $2.263 millones y la administración actual desconoce la destinación de esos recursos. No se evidencia ejecución de obras en el sector. San Carlos (Córdoba): el municipio interpuso acción de nulidad contra los actos administrativos que autorizaron la adquisición del crédito. Los recursos se ejecutaron en compra de bienes inmuebles de la zona rural y están abandonados. Suarez (Cauca): las obras ejecutadas no son funcionales teniendo en cuenta que hubo error en la planeación, no se cuenta con los estudios previos para la construcción de la misma y falta legalidad en algunos contratos.
Como estos son más de 80 los municipios en los que las obras no se han terminado, no se realizaron los estudios adecuados, tienen problemas legales o de funcionamiento, no alcanzaron los recursos o en el peor de los casos están abandonadas. De los 117 municipios afectados (en el 2008 se hablaba de beneficiados) por el crédito, son menos de 30 aquellos donde las obras se concretaron.
Alberto Carrasquilla, actual ministro de Hacienda del presidente Duque y autor de ese proyecto de financiación, al que han llamado los ‘bonos Carrasquilla’, cuando ejerció en el mismo cargo durante el primer gobierno de Álvaro Uribe entre los años 2003 y 2007, presentó la reforma constitucional que asignó a los municipios una partida del Sistema General de Participaciones (SGP) del 5,4 por ciento para agua potable y saneamiento básico. Esta nueva partida, junto con la ley 1176 del 2007 adelantada por su sucesor en el ministerio de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, permitieron el endeudamiento, la pignoración y titularización de estos recursos. Es decir, le hicieron el quite a la ley, aprovechándose de la necesidad de los habitantes de estos municipios pobres, para legalizar el endeudamiento de recursos que antes estaban protegidos y colocar a la nación como garante de esa deuda durante 19 años.
Carrasquilla declaró en el senado que todo fue hecho en un marco de legalidad, que él no iba a planear una reforma constitucional para beneficiarse económicamente 3 años después, ni podía influir en su sucesor en el ministerio para que tramitara una ley con el mismo fin, que además el porcentaje del Sistema General de Participaciones (SGP) que se destinó a agua potable y saneamiento básico es muy pequeño, apenas un 5,4 por ciento, por lo que los municipios no perdieron mucho y que las ganancias que él obtuvo en el sector privado no fueron muchas tampoco, ya que de ese 3 por ciento de diferencial entre el 14 por ciento de interés que pagaron los municipios y el 11 por ciento al que se emitieron los bonos, él tan solo recibió lo correspondiente a unos honorarios como pago a sus largas horas de trabajo. Y casi a punto de ‘rasgarse las vestiduras’ declara al final de su intervención, utilizando la misma afirmación superlativa tan repetida por los políticos, “Yo nunca me he robado un centavo, yo nunca he cometido un solo acto de corrupción en mi vida y nunca lo cometeré”. “Yo soy un hombre que trató de resolver problemas”.
Pero el problema del agua en los municipios continúa y es más grave ahora, y el ministro por su parte no parece interesado en tratar de resolverlo, puesto que su política económica tiene unos derroteros bien claros y con un enfoque muy distinto, como son la propuesta de gravar la canasta familiar colombiana, que anunció durante la pasada Convención Bancaria en Cartagena, y que con una maniobra contradictoria propone dar una vuelta sospechosa para devolver ese gravamen a los hogares más pobres, a través de programas sociales como Familias en Acción o el Sisbén. Y la perla, la que tal vez sea la frase más inapropiada de los últimos años dicha en nuestro país por político alguno, al intentar ejemplificar en la reciente reunión de la Andi su intención, que ya es parte de su firma política como ministro de Hacienda, de aumentar impuestos a los ciudadanos y exenciones a las empresas: “Hay inequidades en nuestro sistema tributario. Nosotros enfatizamos la tributación empresarial por encima de la tributación personal, pensando que las empresas son ricas y las personas son pobres. Así como tenemos un Sisbén para los pobres, tendría que haber un Sisbén para los ricos”. Una especie de guiño para la memoria al fallido programa de Agro Ingreso Seguro.
Eso es lo que se avecina en materia de política económica durante el gobierno de Iván Duque, y a pesar de que no es ninguna novedad, si es contrario a las propuestas expresadas durante la campaña presidencial. Pero las promesas de los políticos se las lleva el viento, aunque estén firmadas en mármol.
La declaración de Carrasquilla en relación con los bonos de agua deja muchas dudas. Es difícil creer, que un economista de su trayectoria o como él mismo declara, un profesional de alto nivel, cuyo trabajo consiste en simular y analizar proyecciones de negocios y brindar asesoría a empresas multinacionales, diseñara un proyecto tan malo y riesgoso. Todo el que haya tomado un préstamo sabe lo desgastante que es en el largo plazo con una alta tasa de interés; puede que resuelva una necesidad, pero difícilmente puede plantear ser un buen negocio (y en el caso del agua no se dio ni lo uno ni lo otro). También es ingenua su declaración, al pretender establecer que no existe vinculación entre la modificación a la constitución que él tramitó, la ley adelantada por Zuluaga y las ganancias de miles de millones que recibió la empresa privada de su propiedad por la intermediación en esos bonos.
Carrasquilla aclara que su labor era la de diseñar (a juzgar por los resultados, realizó una pésima labor) y no la de ejecutar, lo cual estaba por fuera de sus responsabilidades. Pero su diseño incentivó una mala ejecución, al permitir que se endeudaran esos recursos que antes estaban protegidos y que se pusieran en manos de políticos municipales, durante una sola administración, dineros que también endeudarían a las siguientes; con lo que desconoció aspectos importantes de tipo económico y del funcionamiento de un aparato político y administrativo, en el que la constante, por la corrupción, es el atraso y la ineficiencia en el desarrollo de las obras públicas. Carrasquilla se lava las manos y dice que su trabajo no era monitorear el desarrollo de las obras, pero eso no justifica el desconocer la realidad del país a la hora de realizar el diseño de sus políticas, puesto que, por extraño que parezca, el trabajo de un ministro incluye velar por el bienestar de los ciudadanos y salvaguardar los recursos de la nación.
Frente a ese pésimo negocio, que prolongarán por décadas los tiempos de resolución del problema del agua, el Estado salió, como de costumbre, a salvar a los inversionistas, comprando los bonos a través de Findeter, es irónico que el expresidente Uribe declarara que durante su gobierno Findeter parecía no tener la posibilidad de prestarle a los municipios, pero al final sea Findeter el que termine adquiriendo los bonos en el mercado a pérdida para la Nación. Es decir, el Estado se endeuda adquiriendo un préstamo con un prestamista privado a un interés alto, porque supuestamente no tenía dinero, pero luego es el mismo estado el que compra los bonos que generó el prestamista perdiendo aún más dinero, en lugar de haber prestado el dinero a los municipios directamente desde el comienzo con un interés más bajo; otra maniobra que da cuenta de lo equivocado que fue ese programa.
En sesión plenaria, el senador Alexander López manifiesta que Carrasquilla ha estado vinculado a múltiples acciones en beneficio de las empresas privadas y las multinacionales, y en detrimento de la Nación y de los colombianos. Recuerda cómo en el año 98 luego de que con el impuesto del 2 por mil, el pueblo colombiano salvara de la crisis al sector financiero, lo que permitió estatizar entidades como Granahorrar, se resolvió venderla al BBVA, una entidad extrajera, con un detrimento para el país de 434 mil millones de pesos. Así mismo le reclama los 72 billones al año que no se recogen en tributos por exenciones, como la ley de contratos de estabilidad jurídica que durante 20 años le da condiciones tributarias especiales a las empresas privadas; otra contradicción si se tiene en cuenta que esas exenciones bien pueden resolver las necesidades económicas de este país, en lugar de medidas como gravar la canasta familiar, reformar el régimen laboral, el pensional, aumentar el IVA o crear una nueva modalidad de crédito para que los municipios pobres sean cada vez más pobres. Frente a lo cual el senador López le lanza las siguientes preguntas al ministro, ¿por qué no se genera una estabilidad jurídica para los pobres de Colombia y para la clase media? ¿por qué no garantizamos que todos los productos de la canasta familiar durante 20 años no van a tener ningún tipo de gravamen, ni de impuesto, ni de IVA en el país?
En la defensa que hace Uribe de Carrasquilla expresa, que mientras la ley no se infrinja la moral no puede ser juzgada y que la ética es algo abstracto, lo cual trae a la memoria la compra de lotes en la Zona Franca por parte de sus hijos o el caso de Andrés Felipe Arias, quien fuera su ministro de Agricultura y que recientemente fue condenado a 17 años de prisión por el caso de Agro Ingreso Seguro.
Y como estas siguen y siguen las inconsistencias y los argumentos dudosos, que rodean al expresidente Uribe y al ministro Carrasquilla, lo que permite vislumbrar el modus operandi delictivo de la corrupción política, que aprendió de experiencias como la de Arias y modificó su método para operar dentro de los márgenes de la ley. La premisa entonces es, ‘legalizar el delito’: si está prohibido por la ley y es un delito, en lugar de no cometer el delito, se modifica la ley para que este se vuelva legal; de tal forma que, como afirma Uribe, “no pueda decir uno en un estado de opinión, en un estado de derecho, que alguien que cumplió la ley violó la moral”.
En este momento en el Congreso se radicó la convocatoria a un debate de moción de censura contra el ministro Carrasquilla. Por su parte los entes de control deberían revisar la precisión de la inhabilidad y la alternancia de Carrasquilla entre lo público y lo privado, el posible lavado de activos y evasión de impuestos en el paso de los dineros de los inversionistas por Panamá, los procesos de vigilancia y control de las obras desarrolladas y las responsabilidades en el uso que se hizo de esos dineros en los municipios, debido a que son muchas las empresas y personas implicadas.
Quedan serias preocupaciones acerca de la capacidad como economista y del compromiso político del ministro con el bienestar del pueblo colombiano, aunque la relación compromiso político y bienestar del pueblo en este país sea tan escasa como el agua potable en los  municipios pobres, que ahora van a ser más pobres en la siguiente década, puesto que tienen que continuar pagando la deuda que les quedó como resultado de los ‘bonos Carrasquilla’.
 

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