La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos volvió al centro del debate político el 6 de agosto de 2026, cuando Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas para restringirla. Una limita el reconocimiento del derecho de suelo en determinados supuestos y la otra, titulada «Poner fin al turismo de nacimiento», va dirigida contra quienes viajan al país para dar a luz.
Los decretos llegaron apenas cinco semanas después de que la Corte Suprema tumbara un intento anterior mucho más amplio del propio presidente.
Qué dice la Constitución
El derecho de suelo en Estados Unidos procede de la Decimocuarta Enmienda, aprobada después de la Guerra de Secesión para garantizar la ciudadanía de los antiguos esclavos. Su texto reconoce como ciudadanos a quienes nacen en territorio estadounidense, con excepciones muy concretas.
El 30 de junio de 2026, en el caso Trump contra Barbara, la Corte Suprema ratificó por seis votos contra tres que ese derecho sigue protegido por la Constitución y por la legislación federal. El fallo anuló la orden ejecutiva que el presidente había firmado al inicio de su segundo mandato y que pretendía suprimir la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes sin estatus legal o con visados temporales.
La nueva estrategia: excepciones en lugar de supresión
En vez de volver a impugnar el derecho de suelo de forma frontal, la Casa Blanca optó por una vía distinta: identificar categorías específicas que, en su interpretación, quedarían fuera del amparo constitucional. Es lo que Trump describió como un «ajuste» a ese derecho.
La primera orden amplía los supuestos de inelegibilidad. Según el texto, quedarían excluidos, entre otros casos:
- Los hijos de diplomáticos extranjeros y de quienes la Administración considera «enemigos extranjeros».
- Los casos en que alguno de los padres haya participado en una operación comercial para comprar u obtener la ciudadanía del hijo, o en una actividad fraudulenta con ese fin.
- Los nacidos en determinados territorios estadounidenses donde la ciudadanía no venga conferida por una ley federal.
Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, explicó que el decreto denegará la ciudadanía a hijos de miembros de «organizaciones terroristas extranjeras» y de «amplias categorías de personas que presionan y actúan en nombre de gobiernos extranjeros».
El turismo de parto
La segunda orden instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional para actuar contra la práctica de viajar a Estados Unidos con el único objetivo de que el bebé nazca allí. Entre las medidas previstas figuran denegar visados a embarazadas en esa situación, revocar la autorización de viaje de quien intente entrar con ese propósito e iniciar procedimientos de expulsión cuando corresponda.
Trump defendió la medida en el Despacho Oval señalando a «redes delictivas organizadas» que, a su juicio, han montado un sistema para que decenas de miles de personas den a luz en el país con ese fin.
Conviene señalar un dato: no existen estadísticas oficiales sobre el alcance real del turismo de nacimiento. Las estimaciones disponibles oscilan entre unos pocos miles y varias decenas de miles de casos al año, según recogen los medios estadounidenses.
Las críticas
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) rechazó los decretos. Cody Wofsy, subdirector de su Proyecto de Derechos de los Inmigrantes, sostuvo que el asunto ya está resuelto y que la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución.
Los juristas consultados por los medios estadounidenses coinciden en que las nuevas órdenes se enfrentan a impugnaciones judiciales similares a las que tumbaron el decreto original, puesto que una orden ejecutiva no puede modificar el texto constitucional ni contradecir una sentencia del Supremo.
El contexto migratorio
Las dos órdenes se enmarcan en una política migratoria más amplia que incluye la expulsión de millones de personas indocumentadas y la retirada del estatuto de protección temporal a nacionales de más de una docena de países.
Las claves
- Trump firmó los dos decretos el 6 de agosto de 2026.
- Uno amplía los supuestos en los que no se reconoce la ciudadanía por nacimiento; el otro persigue el turismo de parto.
- El 30 de junio la Corte Suprema había ratificado, por 6 votos contra 3, que el derecho de suelo está protegido por la Decimocuarta Enmienda.
- No hay datos oficiales sobre el alcance del turismo de nacimiento.
- La ACLU anticipa nuevas batallas judiciales.
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